Recuperó el Orfis 200 millones de pesos desviados por alcaldes en 2008
Noé Carrillo Molina/ Agencia Imagen del Golfo 2010-09-17-19:16:11 Orizaba
El funcionario del Orfis informó que fueron recuperados
alrededor de 200 millones de pesos, desviados
por alcaldes en la cuenta pública del 2008.
alrededor de 200 millones de pesos, desviados
por alcaldes en la cuenta pública del 2008.
Una recuperación de 200 millones de pesos logró el
año pasado el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (Orfis) en recursos que habían sido
desviados en el 2008 y los propios funcionarios lo
reintegraron a las arcas municipales, dio a
conocer Luis Gerardo Milo Coria, asesor jurídico
de la Auditoría Especial de Legalidad y Planeación
de ese organismo.
Puntualizó que en cualquier gestión municipal
puede haber irregularidades y el Congreso, a
través del Orfis, revisa la gestión financiera, “y
en esa medidas sí ha logrado resultados”.
Mencionó que cada caso tiene sus particularidades,
por lo que cada situación se tiene que analizar a
detalle para conocer qué sucedió, aunque reconoció
que algunos de los problemas se deben “a errores
muchas veces, desconocimiento y, en algunos casos,
dolo”.
Puntualizó que contrario a lo que se cree, la
intención del Orfis no es meter a la cárcel a
ningún alcalde, “ese no es nuestro trabajo,
constitucionalmente son las autoridades de
Procuración de Justicia las que investigan y en su
momento determinan si hay delito que perseguir y
que dicen si alguien es penalmente responsable”.
Mencionó que el año pasado se hizo la revisión de
las cuentas del 200, se emitieron los informes de
resultados y se presentaron las denuncias
correspondientes, por lo que eso está en trámite
en la Procuraduría de Justicia.
Agregó que lo propio se hará en este año con las
cuentas del 2010, que por el momento están en fase
de comprobación y en su oportunidad el Orfis
emitirá los resultados.
Declinó dar a conocer qué municipios presentan
irregularidades, ya que no se tiene aún el dato
pero si se tuviera no lo pueden revelar, ya que la
ley pide confidencialidad.
Comentó que cuando se recuperan los recursos se
destinan a la propia hacienda municipal, de manera
que los ayuntamientos pueden ejercerlos en donde
lo determinen.
Remarcó que lo más barato es prevenir que se
comentan los daños, por lo que una de las medidas
para ello es la constante capacitación a los
servidores, para lo cual el área de auditoría
social se desplaza en todo el estado capacitando a
los ciudadanos para que ejerzan funciones de
contraloría.
Comentó que el próximo 23 del presente, en la
ciudad de Xalapa se dará la capacitación para el
proceso de entrega-recepción, a fin de que las
autoridades entrantes conozcan lo que les están
dejando las que se van, y en marzo se tendrán
semanas de fiscalización en todo el estado para
hacerles entrega a las comunas de un manual donde
se especifica cómo deben ejercer el gasto.
En torno a la modificación que hay en la Ley
Orgánica del Municipio Libre para que los
funcionarios que ejerzan los cargos de secretario
del ayuntamiento, tesorero, director de Obras
Públicas y contralor sean profesionistas, indicó
que si alguien ocupa un cargo sin reunir los
requisitos representa una responsabilidad
administrativa que le corresponde a los órganos
internos del ayuntamiento y en su caso del
Congreso para sancionarlo.
año pasado el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (Orfis) en recursos que habían sido
desviados en el 2008 y los propios funcionarios lo
reintegraron a las arcas municipales, dio a
conocer Luis Gerardo Milo Coria, asesor jurídico
de la Auditoría Especial de Legalidad y Planeación
de ese organismo.
Puntualizó que en cualquier gestión municipal
puede haber irregularidades y el Congreso, a
través del Orfis, revisa la gestión financiera, “y
en esa medidas sí ha logrado resultados”.
Mencionó que cada caso tiene sus particularidades,
por lo que cada situación se tiene que analizar a
detalle para conocer qué sucedió, aunque reconoció
que algunos de los problemas se deben “a errores
muchas veces, desconocimiento y, en algunos casos,
dolo”.
Puntualizó que contrario a lo que se cree, la
intención del Orfis no es meter a la cárcel a
ningún alcalde, “ese no es nuestro trabajo,
constitucionalmente son las autoridades de
Procuración de Justicia las que investigan y en su
momento determinan si hay delito que perseguir y
que dicen si alguien es penalmente responsable”.
Mencionó que el año pasado se hizo la revisión de
las cuentas del 200, se emitieron los informes de
resultados y se presentaron las denuncias
correspondientes, por lo que eso está en trámite
en la Procuraduría de Justicia.
Agregó que lo propio se hará en este año con las
cuentas del 2010, que por el momento están en fase
de comprobación y en su oportunidad el Orfis
emitirá los resultados.
Declinó dar a conocer qué municipios presentan
irregularidades, ya que no se tiene aún el dato
pero si se tuviera no lo pueden revelar, ya que la
ley pide confidencialidad.
Comentó que cuando se recuperan los recursos se
destinan a la propia hacienda municipal, de manera
que los ayuntamientos pueden ejercerlos en donde
lo determinen.
Remarcó que lo más barato es prevenir que se
comentan los daños, por lo que una de las medidas
para ello es la constante capacitación a los
servidores, para lo cual el área de auditoría
social se desplaza en todo el estado capacitando a
los ciudadanos para que ejerzan funciones de
contraloría.
Comentó que el próximo 23 del presente, en la
ciudad de Xalapa se dará la capacitación para el
proceso de entrega-recepción, a fin de que las
autoridades entrantes conozcan lo que les están
dejando las que se van, y en marzo se tendrán
semanas de fiscalización en todo el estado para
hacerles entrega a las comunas de un manual donde
se especifica cómo deben ejercer el gasto.
En torno a la modificación que hay en la Ley
Orgánica del Municipio Libre para que los
funcionarios que ejerzan los cargos de secretario
del ayuntamiento, tesorero, director de Obras
Públicas y contralor sean profesionistas, indicó
que si alguien ocupa un cargo sin reunir los
requisitos representa una responsabilidad
administrativa que le corresponde a los órganos
internos del ayuntamiento y en su caso del
Congreso para sancionarlo.
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